Rebeca Marín
Las poblaciones que viven más exclusión social, como es el caso de las callejeras, no cuentan con documentos de identidad como son acta de nacimiento, credencial para votar ni comprobante de domicilio, confirma un estudio elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), denominado Personas en situación de calle.
En el mismo se deja a asentado que los documentos son indispensable s para garantizar el derecho de cualquier persona a la identidad y que, a su vez, son el medio para acceder a otros derechos, como la salud, la justicia y el empleo.
De ahí la importancia de reformar la Ley de Asistencia Social para que las personas adultas mayores que no cuenten con documentos de identificación sean sujetos de asistencia social preferente, así como modificar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores para que el Sistema p ara el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), coadyuve con la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades civiles, a fin de facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de esta población.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el segundo trimestre de 2022. En México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan 14 por ciento de la población total.
Derivado de esa situación, resulta indispensable llevar a cabo una reforma a la Ley de Asistencia Social para que se consideren como sujetos de asistencia social preferente, lo que ayudará a armonizar el marco jurídico nacional en relación a la asistencia social con la Convención Inter americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Resulta que datos aislados señalan que en el país 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato, de ellos 20 por ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, también por sus familias, y para 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en t odas las áreas.
Está documentado que las per zonas adultas mayores no cuentan con una vivienda adecuada, casa hogar o albergue.
Las entidades con mayor presencia de alojamientos de asistencia social son Jalisco, Estrado México, Ciudad de México y Baja California, mientras que Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Tlaxcala tienen menos de 100 alojamientos cada uno.
Un problema más que enfrentan es el de no contar con documentos que acrediten su identidad, pe se a que la Constitución Política del país señala el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
En los últimos años ha crecido el número de adultos mayores en situación de calle y en abandono que no cuentan con vivienda, casa hogar o albergue, o que trabajan en espacios que no son adecuados para ellos y, por sorprendente que se escuche,
De ahí la importancia de reformar la Ley de Asistencia Social para que las personas adultas mayores que no cuenten con documentos de identificación sean sujetos de asistencia social preferente, así como modificar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores para que el Sistema p ara el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), coadyuve con la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades civiles, a fin de facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de esta población.
Esta población también enfrenta dificultades en el mercado labor al debido a que es muy difícil que puedan acceder a un empleo de calidad o un retiro digno. Tal situación se agudiza cuando sus espacios de trabajo son insalubres y no están acondicionados para su libre desempeño.
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