INEGI acepta que pagó al crimen organizado para poder hacer encuestas

Cdmx, julio 29 de 2023.

Pedro Moreno 

* También se vio obligado a contratar delincuentes para que acompañara al personal a hacer los censos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aceptó que tuvo que pagar a bandas del crimen organizado para poder ingresar a ciertas ciudades y estar en condiciones de llevar a cabo el censo. 

Al respecto, este viern4s 28 de julio,  Susana Pérez, Directora Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, declaró que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.

La funcionaria aseguró que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el Instituto tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.

Puntualizó que: "Hay diversas estrategias, desde en algunos casos pagar por entrar", destacó la Directora Susana Pérez al explicar que también recurren a la contratación de personal que vive en esas zonas,  que son conocidos por los pobladores y por "quienes podían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia".

Cabe mencionar que en el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del INEGI encontraron comunidades agrícolas totalmente abandonadas,  sin nadie a quien encuestar.

De la misma manera, algunos analistas señalan, que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores del INEGI, así como a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia, en algunas partes de México por numerosas razones.

Sobre el particular, este mismo viernes 28 de julio, David Saucedo, Analista de Seguridad indicó que en efectivamente los cárteles de la droga y las bandas del crimen organizado tienen como blanco a los trabajadores del Inegi, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes de México.

Detalló que: "Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana".

David Saucedo expresó que otros factores hacen que ir de puerta en puerta para hacer preguntas sea un trabajo aún más peligroso; y afirmó:

"En ocasiones, los cárteles hostigan a los encuestadores al confundirlos con integrantes de otros grupos delictivos, debido a que grupos rivales se disfrazan de brigadistas de gobierno o encuestadores para hacer trabajos de inteligencia en zonas bajo el control del enemigo".

Además, de acuerdo con otros analistas, en lugares conflictivos como los Estados de Michoacán y Guerrero, los cárteles de la droga pueden querer influir en los resultados de las encuestas para impulsar las candidaturas de políticos que estarían aliados con ellos, ya que algunos Partidos en México utilizan las encuestas para elegir en los procesos internos a sus candidatos.

También, David Saucedo afirmó: "Si (los cárteles) detectan a encuestadores levantando cuestionarios, los levantan y obligan a que encuesten a integrantes de la base social de apoyo !
al narco para que los resultados favorezcan a los candidatos de su elección".

Por lo tanto, algunos investigadores coinciden en señalar que esta situación es cada más preocupante en México, debido a que las autoridades hayan abandonado algunas zonas que están ahora bajo el control de bandas de narcotraficantes.

Un ejemplo de ello es que, este mes, las autoridades federales reconocieron que una manifestación de cientos de personas que se realizó en la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, fue organizada por la banda de narcotraficantes "Los Ardillos", y que la movilización tenía como objetivo obligar al Gobierno a liberar a dos líderes del grupo que estaban detenidos acusados de posesión de drogas y armas.

Igualmente, habitantes del Estado de Michoacán recientemente reconocieron que casi todos los productos básicos de su región cuestan entre 30 y 50 por ciento más, porque los cárteles del crimen organizado controlan la distribución de los productos, y que la situación es conocida por las autoridades.

Por su parte, los comerciantes dijeron que los elevados precios se debían a los "impuestos" que cobraba un cártel de la droga local, o por la propiedad de los puntos de distribución que manejaban narcotraficantes.

Desde hace mucho tiempo se ha convertido en un peligro el trabajo de los encuestadores que son vistos como extraños que entran a los pueblos y que comiencen a hacer preguntas.

Algunos de los casos donde han sido agredidos, incluso hasta asesinados, los entrevistadores, son:

En 2015, una turba mató y quemó a dos encuestadores que realizaban un sondeo sobre el consumo de tortillas en un pequeño pueblo al sureste de la Ciudad de México.

En 2016, tres hombres que trabajaban para una empresa de encuestas fueron rescatados de una turba que les propinó una brutal paliza en el 
Estado de Tabasco.

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