Las manifestaciones contra la gentrificación en nuestra ciudad crecieron durante el primer año de gobierno de Morena.
Los inconformes exigieron en primer lugar poner freno al desplazamiento de comunidades locales, ya que este fenómeno aumenta los costos de vida de las y los habitantes.
Desde la Secretaría de Gobierno capitalino se dialogó con diversas organizaciones sociales de vivienda y contra la gentrificación para tomar medidas al respecto. Por lo anterior, se presentó el denominado Bando Uno, política urbana orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna, promover un desarrollo equilibrado y sostenible y reducir la desigualdad territorial en la Ciudad de México, respondiendo a las exigencias sociales justas.
Para atender la problemática, se realizaron foros como espacios de diálogo abierto entre autoridades y ciudadanía, con el propósito de escuchar, analizar y canalizar propuestas frente a los impactos sociales del desarrollo urbano desigual. Se contó con la participación de servidores públicos, representantes de organismos de derechos humanos, colectivos vecinales, organizaciones sociales, anfitriones y ciudadanos independientes.
En representación de la ciudadanía participaron diversos colectivos y frentes vecinales, como el Frente por la Vivienda Joven, Aquí Somos, Frente por el Arraigo e Inclusión Vecinal, Frente Anti Gentrificación, Asamblea del Pueblo de Xoco, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Unión de Colonos Campamento 2 de Octubre, Mujeres Unidas, Bloque Rojo, Alianza Universitaria por la Alimentación Digna, entre otros.
Esta diversidad de agrupaciones permitió un diálogo amplio que reflejó las múltiples aristas del fenómeno del desplazamiento urbano en la capital.
El ambiente fue de participación activa y tono crítico, con intervenciones que pusieron en evidencia las tensiones existentes entre la planeación urbana institucional y las necesidades reales de las comunidades.
Uno de los temas más recurrentes fue la regulación de las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, donde se planteó la necesidad de crear un padrón de anfitriones y diferenciar entre quienes rentan su vivienda habitual y quienes operan múltiples inmuebles con fines de lucro.
Las y los asistentes exigieron la implementación inmediata del registro de plataformas, así como reglas que eviten la concentración de viviendas en manos de grandes fondos inmobiliarios y que protejan a los residentes locales frente al alza de rentas.
Se expresó también la inconformidad con el plan de renta de 183 días, al considerar que deja desprotegidos a los anfitriones el resto del año, y se advirtió sobre el riesgo de que surja un mercado negro de rentas si la regulación no es clara.
Otro eje de discusión fue la necesidad de poner límites a la especulación inmobiliaria y al abuso en el cambio de uso de suelo. Se subrayó la importancia de cerrar temporalmente la ventanilla única de trámites hasta contar con un diagnóstico preciso por zona, fiscalizar las obras y prohibir la demolición de edificios que sólo conservan la fachada original. Los participantes solicitaron que no se otorguen permisos para departamentos de más de 100 mil m?, ni para viviendas de menos de 60 m2, buscando preservar el equilibrio urbano y la calidad de vida.
Los colectivos coincidieron en que el Estado debe priorizar el interés público por encima del privado, evitar los despojos y actuar con firmeza frente a los "hoteles pirata" y las construcciones irregulares. También propusieron mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la cooperación con las alcaldías, definir un plan de acción para las personas en situación de calle y fomentar el emprendimiento local como alternativa económica frente al desplazamiento.
Se hizo hincapié en incluir a las clases medias en los programas de vivienda del INVI, y en que los planes parciales de desarrollo se respeten y actualicen con participación vecinal activa.
Se planteó la urgencia de recuperar el sentido social de la ciudad, promoviendo una gobernanza urbana que combine regulación efectiva, participación ciudadana y responsabilidad compartida. Los foros reflejaron un consenso amplio: el derecho a la ciudad debe estar por encima de la especulación inmobiliaria, y el Bando Uno debe ser un instrumento para proteger a las comunidades, garantizar vivienda digna y equilibrar el desarrollo urbano de la capital.
Los foros se consolidaron como un espacio de expresión social en el que confluyeron diversas voces que reclaman justicia territorial y acceso equitativo a la vivienda. Si bien hubo posturas confrontativas, el evento representó un ejercicio de diálogo institucional en el que la Secretaría de Gobierno reafirmó su papel mediador entre los intereses ciudadanos y las políticas públicas.
Se logró un diagnóstico ciudadano compartido sobre la necesidad de frenar los procesos de gentrificación y garantizar el derecho a habitar la ciudad con dignidad y equidad
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