A través del recurso de amparo, se logró abrir la vacunación a muchos sectores vulnerables de la población durante la pandemia, así como muchos niños y pacientes con cáncer y otras enfermedades lograron recibir tratamiento, por lo que la reforma a la Ley de Amparo que transita en el Congreso de la Unión marcará un antes y un después en la defensa de los derechos de la ciudadanía frente actos de autoridad del Estado.
Así lo manifestaron representantes de colectivos de pacientes oncológicos, papás de niños con cáncer, por la salud mental, así como asociaciones civiles de trabajadoras y trabajadores, secretarios y defensores del poder judicial, quienes adelantaron que preparan la impugnación de esta reforma ante su eventual aprobación en el Congreso de la Unión.
"No sabemos qué va a pasar con los amparos que, ya tenemos ganados, no sabemos sí el próximo mes vamos a seguir recibiendo nuestro tratamiento. Hay incertidumbre y no sabemos qué va a decidir el nuevo poder judicial con personas que no conocemos y no sabemos de su capacidad para decidir aspectos tan importantes como es el derecho a la salud de los ciudadanos", declaró Elías, pacie
Recordó que en 2023 se vivió un fuerte desabasto de medicamentos psiquiátricos, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y déficit de atención, entre otros. "Fue una situación bastante delicada, muchos pacientes entraron en crisis y estuvo en riesgo su vida…nos organizamos, formamos el Colectivo Unidos Por la salud Mental, acudimos al Servicio de Defensoría Pública, nos asesoraron y promovimos un amparo, con el que logramos recibir nuestros medicamentos en menos de 48 horas".
"Por eso, hoy estamos aquí cerrando filas, porque no podemos permitir que se sigan tomando decisiones a la ligera, como es la reforma a la Ley de Amparo que afectará a mucha gente y que ha provocado que miles de personas estén en la incertidumbre sin saber qué va a pasar con su proceso y el acceso a su tratamiento", declaró Elías.
El abogado Francisco Javier López Ávila, del Colegio de Secretarios Instructores del Poder Judicial de la Federación Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., señaló los tres principales riesgos de la reforma a la Ley de Amparo.
Indicó que la reforma tiene varios aspectos preocupantes, pero refirió solo tres puntos. El primero, es la prácticamente erradicación del interés legítimo, que es la herramienta que se le da a la sociedad para poder promover amparos, que en otra circunstancia no podrían promover.
"Por ejemplo, antes cualquier ciudadano no tenía facultad para promover un amparo contra una afectación medio ambiental, leyes en materia de educación o libertad de expresión. Actualmente, gracias al interés legítimo, los colectivos pueden promover amparos en contra de una ley o de una política pública que afecte sus derechos. Esta iniciativa prácticamente elimina (con requisitos exagerados) el interés legítimo".
La segunda afectación es que actualmente, desacatar una resolución de amparo constituye un delito, lo que da lugar a sanciones administrativas. "Actualmente, existe una relativa cultura, porque se ha mermado en el último sexenio, de respeto a las sentencias de los tribunales".
Sin embargo, con esta iniciativa, explicó el abogado López Ávila, "se reforman varios artículos para que la autoridad pueda pretextar que tiene imposibilidad jurídica o material para cumplir una sentencia de amparo. Con ese pretexto se van a salvar de una multa, una sanción administrativa o de incurrir en un delito. Es decir, es dar carta blanca para que la autoridad incumpla una sentencia de amparo y no pase absolutamente nada".
El tercer punto que ha generado gran preocupación es el tema de la retroactividad, abundó el abogado Francisco Javier López Ávila. "Se le ocurrió deslizar un transitorio, en el que se dice que estas reformas van a afectar, incluso, a los juicios que actualmente están en trámite, lo que va en contra de los principios del derecho que señalan que a nadie se le puede aplicar una ley retroactivamente en su perjuicio".
"Esto significa que todos los juicios que actualmente están en trámite los van a afectar. Creemos que la intención de darle efectos retroactivos a la reforma, posiblemente no pase y sea solo un distractor, para pasar por alto muchos otros aspectos que sí son preocupantes", advirtió.
Destacó que ha costado muchos años al sistema jurídico mexicano el interés legítimo y ampliar la facultad de la sociedad para acudir al amparo, "lo preocupante es que ahora todo eso se quiera borrar de un plumazo".
Los representantes de la Asociación de Personas del Servicio Civil de Carrera dela Defensoría Pública Federal A.C.; colectivo Sojuf, Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, Colectivo Justicia Independiente, Colegio de Secretarios Instructores del Poder Judicial, Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura, así como colectivos Unidos Por la Salud Mental, Fundación Rossel, 450 Papás de niños con cáncer y pacientes oncológicos amparados y la Unión Nacional contra el Desabasto anunciaron que preparan diversas acciones para defender la Ley de Amparo.
Entre estas acciones, destacaron que se impugnará la reforma en caso de ser aprobada, informó la abogada Andrea Rocha, quien informó que hasta ahora se han logrado 450 sentencias definitivas en favor de niños y pacientes con cáncer. "Confiamos en la independencia del Poder Judicial, porque no es posible que les quiten a tantas personas derechos ya adquiridos", agregó.
Sobre los amparos que ya lograron obtener pacientes con diversas enfermedades crónicas para recibir sus tratamientos, los juristas confiaron que no se caiga en la aberración de dar efectos retroactivos a la reforma. De ser así, todos los derechos que ya tienen adquiridos, si esta reforma se implementa, estas personas podrían quedarse fácilmente sin las suspensiones y sin la atención médica y los tratamientos que requieren.
En entrevista para La Prensa, el abogado Francisco Javier López Ávila explicó que un principio Constitucional y del Derecho es que a ninguna persona se le puede aplicar una ley de forma retroactiva en su perjuicio.
Adelantó que ya se preparan los recursos legales para controvertir esta reforma que viola la Constitución y tratados internacionales. En caso de ser aprobada, los recursos de impugnación llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde muy probablemente sean rechazados, por lo que la acción siguiente será acudir a instancias
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