Martín Aguilar
Durante la sesión del Congreso del Estado de México, los casos del niño Fernando y la niña Dulce, quienes perdieron la vida a manos de presuntos delincuentes, fueron abordados desde tribuna por el diputado Octavio Martínez Vargas, quien los tomó como referencia para exigir juicio político y destitución del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez.
Al hacer un recuento sobre hechos que consideró fallas en la procuración de justicia en la entidad, dijo que interpuso un recurso constitucional para iniciar un juicio político contra José Luis Cervantes Martínez.
El legislador de Morena llamó al Congreso mexiquense a discutir el desempeño del titular del Ministerio Público estatal y, "si los resultados no son buenos, proceder a su destitución".
"¿Qué más nos falta ver para que discutamos en este Congreso la destitución del fiscal general José Luis Cervantes, por la incapacidad para conducir la misma?", reprochó el legislador durante sesión de la Diputación Permanente.
En este sentido, señaló que, de ser procedente su petición, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez enviaría una terna para designar a la nueva persona titular que impulse el trabajo de la fiscalía, en beneficio de la población.
El legislador reprochó que, luego de tres años y medio de ocupar el cargo, es evidente que no hay resultados, pero sí omisiones por parte del fiscal general.
Como ejemplos de su gestión deficiente, lamentó los asesinatos de la menor Dulce "N", el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco, y de "Fernandito", el 28 de julio en Los Reyes La Paz; la falta de justicia por el robo de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; así como los pocos avances en la investigación de un centro clandestino de vigilancia en Ecatepec.
También criticó la criminalización de jóvenes que operan barberías y la restitución apenas de 50 bienes despojados a sus dueños, cuando hay más de 7 mil denuncias por este delito; los altos índices de violencia de género; y que sigan presos administradores de la Central de Abastos de Toluca acusados de homicidio.
A lo anterior, expuso, debe sumarse la falta de médicos y médicas legistas y otro personal especializado, además de la corrupción en los ministerios públicos. Por ello, cuestionó qué más falta por ver para ayudar a la gobernadora a erradicar los males heredados de las administraciones pasadas.
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