Rebeca Marín
Organizaciones de la sociedad civil exhiben en una investigación las estrategias de ConMéxico, el Consejo Coordinador Empresarial y multinacionales en contra del etiquetado frontal, que ha beneficiado a millones de mexicanos a consumir alimentos procesados con más responsabilidad.
En una conferencia de prensa virtual, la investigadora de Bertha Foundation, Ana Larrañaga; Javier Zúñiga, Coordinador legal de El Poder del Consumidor; Alejandro Calvillo- Director de El Poder del Consumidor y Simón Barquera– Director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, dieron a conocer que empresas trasnacionales cabildearon en contra de las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetados claros.
Acusaron que intentaron alterar el proceso y los resultados de la Norma Oficial Mexicana 051 a través de actores como Alfonso Romo y presentaron decenas de amparos y otros intentos de suspensión de la NOM.
En opinión de los expertos las acciones del sector de alimentos y bebidas ultrapocesadas demuestran un claro patrón de atropello del derecho a la salud en favor de la protección de intereses privados.
El estudio Bajo la Mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México identifica y documenta las prácticas corporativas que han dañado y continúan imponiéndose frente a los derechos fundamentales de la alimentación y la salud.
La investigación, apoyada por Bertha Foundation, expone las acciones de grandes multinacionales alimentarias y sus cámaras empresariales en México con las que se intentó frenar y moldear las Reformas a la Ley General de Salud en materia de Etiquetado y la NOM-051 con la que, además del etiquetado, se regula el uso de personajes dirigidos a infancias sobre los empaques de alimentos y bebidas.
La investigación resalta la opacidad de los procesos de normalización anteriores al ordenamiento, caracterizados por la cercanía entre ex funcionarios de COFEPRIS como Patricio Caso y Mikel Arriola y ejecutivos de cámaras e industrias como Coca-Cola y ConMéxico.
Ana Larrañaga, la investigadora del caso, sostiene que dichos vínculos dieron paso a procesos de puertas giratorias entre la agencia regulatoria y la refresquera en la que actualmente trabaja Caso, además, de que contribuyeron a la permanencia del etiquetado opaco conocido como "GDA".
El documento detalla cómo a lo largo del proceso de aprobación del nuevo etiquetado de advertencia, que demostraba que era comprendido con facilidad por más consumidores, las multinacionales alimentarias desplegaron una enorme fuerza de cabildeo en la Cámara de Diputados, a donde acudieron con estrategias como "reventar sesiones" de la Comisión de Salud, evitando que las y los diputados asistieran y se cancelaran por "falta de quorum".
También, se detalla cómo los cabilderos de la agrupación empresarial ConMéxico y los representantes de compañías de ultraprocesados intentaron introducir transitorios para debilitar el dictamen con la ayuda de algunos aliados como, la entonces diputada, Tatiana Clouthier.
Dijeron que, durante las discusiones, el sector de alimentos y bebidas contaba con 32 instituciones acreditadas, además de cuatro asociaciones civiles con nexos al sector empresarial y posturas alineadas a sus intereses. El sector académico lo representaban cuatro instituciones, por su parte, la sociedad civil sin nexos empresariales contaba con solo dos espacios.
Para finalizar, el estudio evidencia cómo, durante el proceso de consulta pública, empresas como Nestlé y Jumex pidieron a sus proveedores enviar comentarios en contra de la norma.
De acuerdo con los especialistas que participaron en el lanzamiento del estudio, el sector alimentario también se manifestó en contra de los nuevos etiquetados a través de una ola de información falsa en los medios masivos de comunicación.
La autora y los especialistas de la organización El Poder del Consumidor, y el Instituto Nacional de Salud Pública, coincidieron en que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas muestra un patrón claro de acciones de incidencia política que socavan el derecho a la salud y la alimentación, anteponiendo su modelo de negocio a los derechos fundamentales.
Por ello, llamaron a blindar las políticas alimentarias de la interferencia de intereses privados, y poner en el centro, los derechos de la ciudadanía.
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