Tal es el ardor en Morena contra los opositores que impidieron a Ernestina Godoy reelegirse como fiscal de la Ciudad de México, que tanto el gobierno como su partido parecen haber enloquecido, y están haciendo un tiradero en la procuración de Justicia.
No conformes con haber impuesto a un títere como encargado de despacho, que lo primero que hizo fue meterse en problemas al tratar de justificar grados escolares bastante dudosos, ahora se sacan de la manga iniciativas con dedicatoria, sobre todo al PAN.
A Martí Batres se le ocurrió que sería buena idea incluir la corrupción inmobiliaria como nuevo delito en el Código Penal, para castigar hasta con 20 de años de prisión a quien lo haga.
Al anunciar que enviará la iniciativa al Congreso capitalino, el jefe de Gobierno sustituto ni siquiera guardó las formas. Lo hizo en un acto donde estaba presente otro sustituto como él: su excuñado Ulises Lara, que cuida el changarro a Godoy.
Está claro que ni a Morena ni a su gobierno les ruboriza que la Fiscalía siga sin ser autónoma, como lo marca la Constitución, y que todo el mundo se entere que el excuñado es ahora empleado de Martí.
No les preocupó dejar la procuración de justicia en manos de quien no tiene credibilidad ni respeto, no sólo entre la ciudadanía, sino también entre los propios empleados de la Fiscalía, que no lo toman en serio.
Es previsible que ahora los fiscales y policías se sientan más cómodos para despacharse con la cuchara grande con sus bisnes, toda vez que sus jefes estarán concentrados en perseguir políticamente a la oposición.
Pero, aguas con la iniciativa de Batres, porque en una de ésas se puede dar un tiro en el pie, ya que su equipo siempre ha estado ligado a temas como invasiones de predios y corrupción con la vivienda popular, a través del INVI.
Si logra pasar su propuesta, no sólo los panistas serían investigados por "corrupción inmobiliaria", sino también varias agrupaciones vivienderas, la mayoría ligadas a Morena, que seguramente tendrían problemas, y graves.
Porque si acusan a los panistas de sacar dinero a grupos inmobiliarios de la IP, Morena lo hace a los más pobres y desviando recursos públicos. En una de ésas se les voltea el chirrión por el palito, y todo por el ardor de que corrieran a Ernestina.
Y como no podía faltar algún diputado locuaz, Alberto Martínez Urincho propuso una reforma constitucional para que el fiscal sea elegido en las urnas, y ya no a propuesta de un consejo ciudadano, con el aval del Congreso.
Si la ratificación de Godoy desató un grillerío, qué pasaría si los aspirantes a fiscales tuvieran que hacer campaña, pedir el apoyo de partidos y buscar financiamiento. Más de un malandro cooperaría gustoso para financiar a sus candidatos, ¿no?
No ganaría el mejor, sino el más popular o el que más lana le meta. Como en 4T están enloquecidos, es hora de que los opositores, sobre todo del PAN, vayan socializando el amparo que dicen tener para impedir que sean detenidos por delitos del fuero común.
Más coraje les dará a los oficialistas no poder tocarlos, aunque en realidad Morena sólo busque hacer ruido mediático.
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