Como cada proceso electoral como el iniciado, hay riesgos latentes con diversas vertientes.
El principal que inició de manera informal desde hace casi dos años -impulsado desde el poder-, debería tener consecuencias legales.
Primero, se registró una constante violación al marco normativo, toda vez que los aspirantes de Morena desplegaron una campaña fuera de la ley.
El Artículo 3 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fracción XIII no tiene lugar a dudas y mucho menos a interpretación:
"XIII. Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral".
Con base en esta norma, todos sin excepción incurrieron en tiempos anticipados de campaña.
El "precandidato" –disfrazado de coordinador- es quien "pretende ser postulado como candidato". Así de clara es la ley.
Durante este proceso hubo actos fuera de la ley, injerencia de servidores públicos y uso de recursos públicos con propósitos clientelares.
El artículo 11 de la citada ley dice que se sancionará con cárcel de dos a nueve años a quien destine, utilice fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido, coalición o agrupación política.
A ese concierto de violaciones a la ley, se suma un riesgo también latente en cada proceso: violencia política e injerencia del crimen organizado.
Por ejemplo, el proceso electoral de 2021 dejó como saldo 102 políticos asesinados, de los cuales 36 eran aspirante y candidatos a diversos cargos.
De enero de 2020 al 6 de junio de 2021, se registraron mil 66 agresiones, incluidos ataques, golpes, secuestros y homicidios.
Dicha cifra fue 38% superior si se compara con el saldo que arrojó el proceso electoral de 2018, con 774 agresiones como las mencionadas.
El común denominador es que las víctimas y afectados son los opositores al gobierno o partido oficial.
Lo anterior no se puede entender sin la disputa territorial entre los grupos delictivos o del crimen organizado, que buscan incidir a través de la violencia en los procesos electorales.
De una u otra manera, el gobierno en turno tiene participación por omisión o falta de estrategia en combatir las violaciones a la ley y los atentados.
Sin embargo, todo lo anterior hace pensar que nada va aislado, sino concatenado, porque se suman los constantes ataques a las autoridades electorales.
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sido sometidos a una metralla de ataques y acusaciones de desprestigio.
Lo señalado se enmarca en una constante: incumplir y violar la ley, un escenario que crece en medio de la división y polarización.
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