Martín Aguilar
Con una flotilla de al menos 150 mil unidades irregulares o "piratas" que brindan servicio de transporte público, entre combis, microbuses y camiones, según datos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez enfrentará uno de sus mayores retos en el compromiso que hizo en campaña de mejorar la movilidad y el servicio público concesionado.
Meter al orden a un sector que durante años fue creciendo al amparo de la anarquía y el desorden representará un desafío que la maestra prometió atender, y del cual se dijo consciente durante los días de la etapa proselitista en busca del voto que la llevó al triunfo electoral.
El transporte público concesionado en el Estado de México es un asunto que terminó por rebasar a las autoridades estatales. Ninguna dependencia, ni siquiera la Secretaría de Movilidad sabe a ciencia cierta cuántos vehículos prestan el servicio, cuántos operan en el marco legal con concesión vigente y cuántos dejaron de renovarla. Los datos que ofrecen distintas fuentes informativas refieren sólo estimaciones, debido a que el sector creció de manera desorbitada.
Diputados del Estado de México reconocen que las unidades del transporte público operan en condiciones precarias. Son vehículos viejos que llevan más de diez años funcionando, cuyos conductores carecen de procesos de capacitación, y que al paso de los años, por intereses político-partidistas, dejando de lado la normatividad, se fueron convirtiendo en bloques consentidos que garantizaban el voto corporativo durante los procesos electorales.
Aunado a ello, el factor de la inseguridad y la delincuencia desatada han constituido una combinación execrable en detrimento de los miles de viajeros, además de que el costo del pasaje es uno de los más caros a nivel nacional.
Muchos de los usuarios tienen que desembolsar más de 50 pesos diarios para ir y venir, ya que el pasaje mínimo es de 12 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos, más 25 centavos por kilómetro adicional.
De esta manera, en términos generales, si alguien recorre 60 kilómetros (tomando uno o dos "peseros) debe pagar 26 pesos, más otros 26 de regreso, pero hay quien recorre más distancia, sobre todo la población que, siendo parte del Valle de México, tiene que viajar a la ciudad de México proveniente, por ejemplo, de Zumpango o de los municipios de la zona oriente, como Los Reyes La Paz e Ixtapaluca.
Para el titular de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, Odilón López Nava, una de las organizaciones de transportistas más prestigiadas de la entidad, y que ha sido la más incisiva en terminar con el transporte "pirata", el tema de las concesiones es un rubro fuera de control.
Considera que el modelo del transporte público concesionado en territorio mexiquense es obsoleto, de varias décadas de rezago, pues de las 168 a 185 mil concesiones que se calculan, al menos el 85% no están renovadas, debido a que los vehículos llevan más de diez años operando.
López Nava es enfático en señalar que si el gobierno estatal está dispuesto en emprender nuevos proyectos para el sector, primero tiene que alejarse de las ocurrencias que han prevalecido en el estado, como la tolerancia hacia vehículos inadecuados como el taxi colectivo, los mototaxis (que son otro elemento de desorden en la entidad) y las vagonetas o combis que ya no son funcionales porque son de muy baja capacidad para la movilidad en una región en la que habitan millones de personas.
En ese sentido, el titular de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México se pronunció en favor de que la próxima administración estatal atienda el asunto del transporte público concesionado de acuerdo con las necesidades de los habitantes, privilegiando un sistema moderno y donde intervengan expertos en el tema, como urbanistas y especialistas en movilidad.
La intención, dijo, es lograr un transporte seguro, eficiente y confortable, por lo que debe apostarle a los sistemas masivos como el Mexibús, aunque para ello sea necesario romper inercias y superar conflictos para anteponer el interés de los usuarios.
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