Promueven juicio político contra Claudia Sheinbaum por corrupción en la línea 12

Martín Aguilar

La senadora panista Kenia López Rabadán presentó esta mañana, en la Cámara de Diputados, una solicitud de juicio político contra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la responsabilidad que presumiblemente tuvo en la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y más de un centenar de heridos.

 

La solicitud ocurre en una coyuntura marcada por las conclusiones que arrojó el tercer dictamen de la empresa DNV, que señala como causas del desplome del vagón, entre otras, a la falta de mantenimiento en la gestión de Sheinbaum.

 

López Rabadán exigió ayer mismo la renuncia de la morenista al cargo de Jefa de Gobierno mientras se deslindan responsabilidades.

 

El martes, el Presidente López Obrador salió en defensa de la Jefa de Gobierno.

 

"Está expuesta a fuertes presiones, pero es la temporada, es lo que le tendrá que venir y es natural que esto suceda", alegó el tabasqueño.

 

En la demanda de juicio político que presentó la senadora panista Kenia López Rabadán se establece que mientras Sheinbaum no sea destituida se seguirán obstruyendo las investigaciones del desplome de la Línea 12 del Metro."La Jefa de Gobierno es juez y parte, por lo que, mientras no sea destituida del encargo, seguirá obstruyendo las investigaciones y se continuarán violando los derechos humanos de las víctimas. Es necesario el esclarecimiento de los hechos y se dé castigo ejemplar a los responsables con la finalidad de lograr justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las familias afectadas por la negligencia gubernamental en el desplome de la Línea 12 del Metro", se lee en la demanda.

 

El documento refiere que la Jefa de Gobierno ha incumplido su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México.

 

Asimismo, la demanda sostiene que la presunta negligencia de la Jefa de Gobierno, entre otras causas, provocó la muerte de 26 personas y dejó más de cien lesionados.

 

"El derrumbe de la Línea 12 fue un siniestro que pudo ser prevenido y cuyo resultado generó, en algunos casos, actos de imposible reparación, (amén) de que la titular del Ejecutivo local ha buscado por todas las vías posibles obstruir las investigaciones y busca deslindarse de cualquier responsabilidad. Para ella los únicos responsables son la ausencia y deficiencia en pernos.

 

"Para la Jefatura de Gobierno la única línea de investigación es que el derrumbe se debió a omisiones en la estructura de la construcción y en consecuencia  ningún acto es atribuible a su Administración; es decir, al ser -supuestamente- fallas de origen en el diseño y construcción era, según ella, imposible detectar y corregir las deficiencias en ésta. Es importante destacar que la Jefa de Gobierno consideró deficiente y tendencioso el tercer informe Causa-Raíz, por el siempre hecho de que en éste se le señalaba como una de las autoridades responsables del derrumbe por la falta de mantenimiento", se lee en la demanda.

 

Además, se establece que los actos y omisiones realizados por la Jefa de Gobierno son violatorios a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho al debido proceso o tutela efectiva.

 

La demanda lleva también la firma del abogado Santiago Torreblanca Engell, diputado federal panista, brazo derecho del coordinador parlamentario, Jorge Romero.

 

El diputado explicó que la demanda se turnará de inmediato a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, órgano que revisará si la solicitud cumple con los requisitos de procedencia. Luego pasaría a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia para formular la declaración correspondiente.

 

De proceder, la turnaría a la Sección Instructora, instancia que se alejaría de las pruebas necesarias y luego pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez votado, la Cámara se erige como parte acusadora y pasaría al Senado, que tendría la última palabra como un órgano jurisdiccional. 


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