El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó solicitar al Congreso de la Unión que legisle apegado a lo que establece el Artículo 123 apartado A, fracción VI, para garantizar que el salario mínimo satisfaga las necesidades básicas de las familias.
Además, requirió a la Secretaría del Trabajo capitalina intensificar acciones en materia de capacitación laboral sobre todo en los sectores cuyo ingreso familiar es menor a tres salarios mínimos, con el propósito de contrarrestar el efecto negativo de la caída del poder adquisitivo en la ciudad de México.
La Diputación Permanente también avaló pedir al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), instalar mesas de trabajo "en donde se profundicen los criterios mediante los cuales se determinan los salarios en la capital del país".
Al presentar el punto de acuerdo, la diputada Carmen Antuña Cruz precisó que el pasado 26 de diciembre la CNSM incrementó "en tan sólo 2.9 pesos el salario general mínimo para la ciudad de México, lo que repercute negativamente sobre el poder adquisitivo de las familias y contribuye al empobrecimiento en la capital".
Recordó que el Artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo establecen que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos.
"Sin embargo, en la realidad observamos que este mandato constitucional no se cumple y al contrario sólo es un instrumento de política económica para garantizar mano de obra barata como insumo de los medios de producción de las grandes empresas comerciales", insistió la legisladora perredista.
Calificó de preocupante que la CNSM "contemple criterios ajenos a los intereses nacionales al momento de fijar los salarios, como la crisis financiera mundial de hace cinco años, la debilidad de los bancos y la elevada deuda de las empresas europeas, y el crecimiento económico que tendrán China, Rusia y Brasil".
Sobre estos factores es que determinó el raquítico incremento de 2.89 pesos en el ingreso familiar sin considerar la realidad en que viven millones de mexicanos, de tal forma que dicha acción resulta incongruente con la esencia del Artículo 123 de la Carta Magna, añadió.
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